Elecciones judiciales en México: entre democracia aparente, politización punitiva y derechos vulnerados de los juzgadores

     A propósito de los recientes cambios masivos de juzgadores en el Poder Judicial de Chihuahua y de la interrupción de plazos por reformas impulsadas por el actual Gobierno Federal, considero pertinente analizar la situación actual desde un enfoque cercano, humano y profesional. Como abogada, que colabora activamente en Maclovio Murillo & Asociados, he acompañado a más de 60 Jueces y Magistrados en su defensa vs la citada Reforma, y, en este caso, la estrategia planteada ha sido recurrir incluso a las instancias internacionales cuando estos recursos locales sean agotados. Esto me permite reflexionar sobre un proceso electoral judicial que, pese a su aparente legitimidad, oculta riesgos significativos para la independencia judicial y para la vida personal y profesional de quienes imparten justicia.

Bajo índice de participación y desconocimiento ciudadano

El 1 de junio de 2025 marcó un precedente en Chihuahua: 305 juzgadores fueron electos por voto popular, incluyendo 30 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 5 del Tribunal Estatal de Disciplina Judicial y 270 jueces de instancia. A nivel federal, más de 2,000 cargos judiciales fueron renovados, incluyendo Ministros de la Suprema Corte, Jueces de Distrito y Magistrados de Tribunales Superiores.

La participación ciudadana fue alarmantemente baja: apenas el 11.3 % del electorado local y entre 12 y 13 % a nivel nacional acudieron a las urnas. Esto evidencia que el ciudadano promedio carece de la formación técnica para evaluar la idoneidad de los candidatos. Los listados oficiales y guías parciales no reemplazan la especialización necesaria para juzgar con imparcialidad y rigor.

Se percibe además miedo y desconfianza social: hay preocupación ante posibles conflictos de interés y favoritismos en la eliminación de la carrera judicial. Muchos ciudadanos preguntan: “Si los jueces están inhabilitados para litigar en su propio Estado, ¿de qué van a vivir?”. La sensación de vulnerabilidad es real y refleja un quiebre entre la participación democrática aparente y la seguridad económica y profesional de los juzgadores.

He observado cómo algunos jueces, al despedirse de sus cargos, comparten mensajes conmovedores anunciando el fin de sus funciones. Estos mensajes no solo transmiten gratitud y nostalgia, sino también incertidumbre sobre su futuro económico y profesional. Historias similares se han visto en Chile tras la reforma judicial de 2005, donde jueces retirados manifestaron públicamente su temor por el impacto de las nuevas reglas sobre su sustento y reputación.

La independencia judicial frente a la politización punitiva

Ser un abogado destacado no garantiza ser un buen juzgador. La independencia judicial exige formación especializada, práctica prolongada y experiencia interpretando la Ley sin sesgos. Sin estos elementos, la elección popular masiva puede derivar en politización punitiva: jueces presionados a emitir decisiones severas o favorables a ciertos actores políticos para conservar popularidad o seguridad institucional, en lugar de basarse en la Ley y la evidencia.

Ejemplos internacionales son reveladores: bajo Evo Morales en Bolivia, la elección directa de magistrados sin filtros técnicos derivó en decisiones judiciales influenciadas por el Poder Ejecutivo. En algunos estados de EE. UU., elecciones populares de jueces muestran tendencias a sentencias más punitivas durante ciclos electorales. Japón y Suiza, por contraste, preservan la imparcialidad mediante retención de jueces y exigencias técnicas estrictas, demostrando que es posible equilibrar legitimidad democrática y profesionalismo judicial.

En México, la inclinación del Gobierno Federal a imitar modelos internacionales sin considerar la idiosincrasia institucional local genera riesgos. La adopción de prácticas de “elección judicial directa” sin filtros robustos puede comprometer la independencia de juzgadores y, por ende, la certeza jurídica del país.

Derechos vulnerados y

proyectos de vida interrumpidos

Más allá de la politización, existe una dimensión humana: el impacto sobre los derechos fundamentales y los proyectos de vida de los jueces. La reforma y la renovación masiva de juzgadores interrumpen carreras consolidadas, afectan planes familiares y generan incertidumbre profesional.

He vivido y me he concientizado muy de cerca, con relación a la vulneración de derechos al debido proceso y a la estabilidad profesional y produce ansiedad, frustración, desgaste emocional, afectando incluso la vida familiar y social.

Ejemplos históricos ilustran este fenómeno: en España, tras la reforma judicial de 1985, varios magistrados experimentaron pérdida de antigüedad y derechos económicos por ajustes estructurales. En Ecuador, la remoción masiva de jueces en 2004 desencadenó litigios internacionales por vulneración de derechos fundamentales, demostrando que la afectación trasciende lo laboral y tiene repercusiones personales y sociales profundas.

Marco internacional y mecanismos de reparación

Cuando la independencia judicial se ve amenazada, tribunales internacionales ofrecen vías de reparación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH han dictaminado en múltiples casos a favor de jueces removidos irregularmente, ordenando restitución, indemnización y medidas estructurales. La experiencia ecuatoriana y colombiana demuestra que, con documentación exhaustiva, es posible garantizar medidas correctivas incluso frente a sistemas nacionales complejos.

Organismos como WOLA, HRW y la OCDE han subrayado la importancia de proteger jueces para sostener un Estado de derecho confiable y una democracia funcional. Estos mecanismos evidencian que la protección de jueces no es un lujo académico: es un requisito para mantener confianza institucional y certidumbre legal.

Reformas, megaproyectos y riesgo macroeconómico

El Gobierno Federal actual, al implementar reformas judiciales y administrativas, debe considerar el impacto sobre la certeza jurídica, factor crítico para la viabilidad de megaproyectos. La administración de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, presentó el “Plan México 2025–2030”, con inversiones por 277 mil millones de dólares y metas ambiciosas en manufactura, energía y tecnología.

Sin independencia judicial efectiva, los riesgos macroeconómicos se incrementan: la inversión se retrae, los contratos quedan sujetos a litigios estratégicos y los objetivos de desarrollo a largo plazo se ponen en duda. La certeza jurídica no es un lujo, sino un requisito indispensable para la estabilidad económica y social.

Participación democrática versus legitimidad técnica

México enfrenta un dilema histórico: acercar a la ciudadanía a la elección de jueces puede otorgar legitimidad democrática, pero también corre el riesgo de politizar la justicia, imponer decisiones punitivas y erosionar la confianza en el Estado de derecho.

La baja participación electoral y la complejidad del proceso muestran que la democracia aparente puede ocultar vulneraciones profundas al principio de independencia judicial. Sin capacitación técnica, control de financiamiento y mecanismos de rendición de cuentas, la elección masiva de jueces puede derivar en sentencias estratégicas, conflictos de interés y litigios prolongados, afectando directamente al ciudadano común y a los propios juzgadores.

Conclusión

México se encuentra en una encrucijada histórica: legitimar el Poder Judicial mediante participación ciudadana o preservar la independencia de los juzgadores, sus carreras y proyectos de vida. Plazos interrumpidos, litigios internos, politización punitiva y baja participación electoral muestran que la reforma judicial no es solo un acto administrativo: es un terreno donde se cruzan democracia, justicia, derechos humanos y desarrollo económico.

La experiencia demuestra que es posible aprender de ejemplos internacionales, fortalecer filtros técnicos, proteger derechos de los jueces y construir un sistema judicial que combine legitimidad democrática con independencia efectiva. Solo así se garantizará justicia, confianza institucional y estabilidad económica y social a largo plazo.

México necesita un Poder Judicial fuerte, con jueces protegidos, autónomos y reconocidos como pilares de la democracia, para que sus decisiones reflejen ley y equidad, y no intereses políticos o coyunturales. Los jueces, sus proyectos de vida y sus derechos son la medida real del éxito o fracaso de cualquier reforma judicial.

Diana Murillo - Abogada